Una madre y un padre fueron detenidos tras una investigación en la que se determinó que abusaban de sus tres hijos pequeños en el hogar familiar, en la localidad de San Martín de los Andes. La Justicia los acusó de corrupción de menores y al padre también le atribuyó el delito de abuso sexual y les dictó prisión preventiva para proteger a los niños víctimas.

En una audiencia de formulación de cargos realizada el último miércoles 28 de agosto, la asistente letrada Inés Gerez acusó al padre por los delitos de abuso sexual simple -tres hechos-, abuso sexual simple reiterado, abuso sexual con acceso carnal, todos agravados por el vínculo; y de corrupción de menores, doblemente agravado por la minoría de edad de las víctimas y por el vínculo. Respecto a la madre le atribuyó el delito de corrupción de menores doblemente agravado por la minoría de edad de las víctimas y por el vínculo.

De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en fecha indeterminada, pero podrían situarse entre enero y agosto de este año, en una vivienda familiar ubicada en San Martín de los Andes. En ese período de tiempo el imputado abusó sexualmente de sus tres pequeños hijos. Además a ambos imputados se les atribuyó que en ese mismo periodo de tiempo, promovieron la corrupción de los niños.

La funcionaria de la fiscalía manifestó la necesidad de que ambas personas permanezcan detenidas con prisión preventiva “ante la extrema vulnerabilidad de los niños”. La medida fue solicitada por el plazo de cuatro meses y fue fundada en el riesgo de entorpecimiento y el peligro para la integridad de las víctimas.

En ese contexto Gerez aseguró que existen elementos suficientes para sostener que los delitos se cometieron y que los imputados son los autores de los mismos. Planteó que la prisión preventiva es “absolutamente indispensable para asegurar los fines del proceso”. En la misma línea lo hizo la defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, quien intervino en representación de la víctima como querellante institucional.