Se oponen a legalizar las casillas rodante por los altos costos de la nueva ley

Un grupo de aficionados a los tráileres y casillas rodantes de Neuquén se opuso -como sucede en todo el país- a la homologación de estos vehículos de arrastre debido a los altos costos técnicos y administrativos que tienen que pagar y que pueden rondar en los 500 mil pesos por carro

Aldo Rodríguez es referente de la Agrupación por la No Homologación de los Tráileres y Casillas Rodantes en la provincia que ya tiene a más de 50 seguidores y en diálogo con LU5 sostuvo que la disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) atenta contra las personas trabajadoras que no pueden afrontar esos costos de homologación.

“La Agencia Nacional de Seguridad Vial reglamentó, equivocadamente para nosotros, esta circunstancia donde obliga a partir de este mes a nosotros, los que tenemos un remolque de trabajo, de a ponerle frenos eléctricos, frenos de mano, a ponerle temas se seguridad técnica con muchísimos costos para el laburante”, indicó Rodríguez.

Desde el pasado 1 de noviembre entró en vigencia una nueva ley de tráileres que consiste en la realización de un examen técnico de la ANSV para asegurarse que cumplan los requisitos para obtener el Certificado de Seguridad Vehicular obligatorio necesario para su patentamiento. Tras esta normativa, se generó un gran descontento y desacuerdo en el sector.

Uno de los argumentos en contra manifiesta que, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se eliminó la patente 101, un trámite que se podía realizar de manera fácil y que fue sustituido por mayor burocracia.

“Un carro que tiene dos metros, un freno eléctrico anda entre los 300 y 400 mil pesos sólo el freno eléctrico. A partir de ahí todo lo que implica pasar por el ingeniero mecánico que no hay en todo el país. También talleres son dos o tres en la Argentina por eso se dan el gusto de cobrar eso”, acotó el referente de los remolqueros.

Rodríguez agregó que los cambios en las exigencias técnicas en los carros de arrastre també tiene un costo burocrático y que para una persona jubilada y luego de atravesar la crisis económica de la pandemia, es difícil de afrontar.

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